2.2 Resultados alcanzados

en 2020 a través del Marco de Cooperación

En esta sección del informe presentamos los avances que Naciones Unidas alcanzó en 2020 como contribución a los resultados del Marco de Cooperación 2016-2020.  Considerando las características de Uruguay, los avances en su proceso de desarrollo dependen principalmente de las políticas, los programas y las intervenciones del Estado, así como de la acción de la sociedad civil y el sector privado. Sirva esta sección para ilustrar las áreas donde las contribuciones de Naciones Unidas han sido más significativas y directas.

Como se señala en el documento del Marco de Cooperación 2016-2020 (2015: 37): “…el logro de los resultados que se plantea obtener con este marco de cooperación es una responsabilidad compartida por el gobierno uruguayo y el Sistema de Naciones Unidas. El Sistema de las Naciones Unidas en el Uruguay contribuirá al logro de estos efectos, pero en modo alguno se plantea alcanzar los mismos de forma independiente a los esfuerzos que realizará el país en este sentido.”

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I. Desarrollo sostenible con innovación

Uso sostenible de los recursos naturales y la energía, y la mitigación y adaptación al cambio climático

En 2020 Naciones Unidas, a través de la asistencia técnica provista por el PNUD a las principales agencias de gobierno responsables de las políticas y programas ambientales, así como del apoyo a los actores de la sociedad civil, logró impulsar proyectos socioambientales innovadores dando cumplimiento a las tres Convenciones de Rio: sobre Biodiversidad, Cambio Climático y Degradación de Suelos.

 

En 2020 el país siguió avanzando en la introducción de innovaciones en el transporte urbano para disminuir sus impactos ambientales. Con el apoyo del PNUD se desarrollaron pruebas tecnológicas de movilidad eléctrica en una flota de 30 vehículos de transporte colectivo circulando en rutas clave de la ciudad de Montevideo (la cual concentra el 39% de la población del país). Estos 30 vehículos son el primer grupo de un total de 100 que recibirán un subsidio nacional para su adquisición. La progresiva incorporación de vehículos de transporte colectivo y vehículos utilitarios eléctricos constituye un objetivo de política pública compartido por el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, así como por las principales empresas privadas de transporte. Esta estrategia contribuye al logro de los compromisos internacionales que el país ha asumido.  

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 La adecuación de los marcos normativos nacionales a los compromisos internacionales sobre el uso sostenible de los recursos naturales y el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales y técnicos del Estado constituyen objetivos clave del trabajo de Naciones Unidas en el país. En este marco, la implementación del Plan de Acción Estratégica para el Acuífero Guaraní (que se extiende por debajo de la superficie de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay) con el apoyo de la UNESCO, es un logro que tendrá continuidad y generará impactos en los años próximos. La formulación de este Plan de Acción fue posible después del tratado multilateral alcanzado el 26 de noviembre de 2020 entre los cuatro países para la gestión conjunta del acuífero. En diálogo con esta iniciativa, UNESCO facilitó también la participación de autoridades del gobierno, así como de profesionales y técnicos de las instituciones a cargo del sector hídrico (243 participantes y panelistas) en programas de formación del Programa Hidrológico Intergubernamental de América Latina y el Caribe en 2020, con foco en gestión del agua, marcos legales para el manejo de los recursos hídricos, monitoreo de inundaciones y sequías, etc. 

 

Uno de los objetivos principales del trabajo de Naciones Unidas durante el ciclo 2016-2020 ha sido fortalecer las capacidades del país para enfrentar el cambio climático. En ese marco, en 2020 con el apoyo del PNUD se logró instalar el Observatorio de Adaptación al Cambio Climático. Asimismo, se logró definir una hoja de ruta para el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para el sector energía y poner en marcha un sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación de la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) de Uruguay que esté disponible en línea y puede ser una buena práctica replicable en otros países dentro y fuera de la región. Por otro lado, se brindó apoyo técnico para la actualización del Programa País con el Fondo Verde del Clima y la formulación del marco jurídico relativo a la aplicación en Uruguay del Protocolo de Nagoya para facilitar el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de sus beneficios.

Ya se encuentra aprobado por el GEF y próximo a la firma del gobierno nacional el proyecto “Consolidando políticas de conservación de la biodiversidad y la tierra como pilares del desarrollo sostenible” cuyo objetivo es fortalecer las capacidades sistémicas, financieras e institucionales para la conservación de la biodiversidad y el manejo sustentable de la tierra, mejorando la efectividad y sostenibilidad de la gestión de las áreas protegidas, territorios productivos asociados y el bienestar humano.

Producción sostenible, incorporación del conocimiento científico-técnico y promoción de la innovación y la competitividad

El Marco de Cooperación 2016-2020 estableció entre sus efectos directos la incorporación del conocimiento científico-técnico y la innovación en los procesos productivos como motores de un modelo de desarrollo basado en prácticas productivas sostenibles. Por ello, la promoción de la economía verde y la economía circular ha sido una de las prioridades de la cooperación que FAO, ONUDI, PNUD y PNUMA han brindado al gobierno, los actores del sector privado (en particular, las empresas, y los medianos y pequeños productores) y las instituciones del sector académico. Un buen ejemplo son las acciones desarrolladas a través del programa conjunto Partnership for Action on Green Economy (PAGE) liderado por ONUDI con la participación de OIT, PNUD, PNUMA y UNITAR, incluyendo la puesta en marcha del Programa “Oportunidades Circulares” que financia estudios centrados en el diseño ecológico, la química verde, las reparaciones o las acciones alineadas con la economía circular, con el propósito de apoyar a sectores de la economía que han sido afectados especialmente por la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19, buscando ayudar al país a impulsar una recuperación económica post pandemia ambientalmente sostenible.

 

 Se destaca también la finalización en 2020 del proyecto Biovalor, liderado por ONUDI, que ha impulsado el paradigma y las prácticas de la economía circular en el país, poniendo en marcha y fortaleciendo iniciativas basadas en la reutilización, transformación y valorización de residuos que son generados por el sector agroindustrial, convirtiéndolos en energía, compost y otros subproductos. A través de Biovalor, se ha dado apoyo técnico al país para la mitigación de gases de efecto invernadero, con especial énfasis en los sectores productivos primarios y en las agroindustrias. Con base en los principios de la economía circular, Biovalor ha promovido el desarrollo de un modelo productivo sostenible bajo en carbono, mediante la utilización de tecnologías de producción innovadoras, adecuadas y limpias. Con el liderazgo de ONUDI, Naciones Unidas está colaborando con el gobierno en sostener una robusta agenda de trabajo sobre economía circular a futuro, a través de la formulación de un nuevo proyecto “Promoción de la Transición a la Economía Circular en Uruguay” que será implementado entre 2021 y 2023 con foco en dos sectores principales: i) sistemas agroalimentarios basados en la promoción de tecnologías limpias de reutilización / valorización de los residuos (incluidos los biocombustibles y bio-fertilizantes y la recuperación de productos bioquímicos); ii) la renovación de la matriz energética a través de la promoción de métodos y tecnologías que permitan almacenar y utilizar los excedentes de energía eléctrica.

 

 Además de las iniciativas y los proyectos que buscan promover modelos productivos sostenibles, Naciones Unidas ha seguido cumpliendo en 2020 un rol clave en la gestión de conocimiento y la producción de análisis para el diseño de políticas públicas y los agentes del sector privado. En tal sentido, se destacan algunas publicaciones preparadas por ONUDI: “Uruguay’s Economic and Industry Performance”; “The Circular Economy in Latin America and the Caribbean” (documento elaborado en coordinación con el Chatham House’s Energy, Environment and Resources Programme); “International Trade and the Circular Economy in Latin America and the Caribbean” (CEPAL, KAS y ONUDI); y el artículo “Speeding up the circular economy transition in Latin America through the Internet of Things”.  

 

 A través del trabajo de varias agencias se han mejorado los marcos normativos nacionales para implementar políticas públicas relativas a la seguridad alimentaria y nutricional, y se está apoyando al Gobierno para profundizar su trabajo en una producción más sostenible y con enfoque agroecológico. Por ejemplo, se puso en marcha una iniciativa conjunta para la “Promoción de la Transición Agroecológica” que busca alentar el escalamiento de experiencias innovadoras de producción agroecológica, así como brindar asistencia a los tomadores de decisión para generar estrategias y políticas que permitan ampliar y consolidar el sistema agroalimentario uruguayo. Esta iniciativa permitió en 2020 apoyar iniciativas locales de transición agroecológica y generar un conjunto de recomendaciones para el diseño de políticas públicas. El trabajo en agroecología ha involucrado al PNUD, la FAO y la FIDA, contando con la asistencia del Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA) y trabajando en consulta con las instituciones que integran la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología de Uruguay. 

 A expreso pedido de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de la Presidencia de la República, la FAO cooperó técnicamente en la elaboración del Proyecto de Ley Derecho a la Alimentación, Seguridad Alimentaria y Nutricional, a ser presentada por iniciativa del Poder Ejecutivo para su aprobación en el Parlamento. Otro aporte de contenido importante durante el 2020 fue el que FAO a través de su grupo global de bioeconomía dio al Ministerio de Agricultura y Ganadería para la formulación de la Estrategia Nacional de Bioeconomía.

 

 Otro resultado importante del 2020 fue la entrega de una propuesta de modificación del Registro de Plaguicidas al Gobierno, lo que le permitirá modernizar su uso de agroquímicos, en consonancia con la voluntad de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Medio Ambiente, y de tener una producción de alimentos, respetando y regenerando el medio ambiente.  

 Igualmente, importante, es la aprobación del Proyecto GEF “Gestión Binacional e Integrada de los Recursos Hídricos en la Cuenca de la Laguna Merín y Lagunas Costeras” a cargo de FAO y el trabajo conjunto que FAO y PNUMA realizaron en el 2020 para el desarrollo de una propuesta de proyecto sobre reforestación, solicitada por el gobierno para ser financiada por el Fondo Verde del Clima.

 

 Otra iniciativa para destacar, desarrollada por FAO, PNUD y PNUMA, con el apoyo técnico del Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación del PNUMA y GRID-Arendal, gira entorno a “Economía y Crecimiento Azul Sostenible”. El objetivo de esta iniciativa es producir una primera evaluación sobre las oportunidades para el desarrollo productivo sostenible del país que implica la apuesta a la economía azul, con especial énfasis en sectores económicos y temas clave: pesca y acuicultura, energías renovables marinas, sector agropecuario y turismo.

 

 Con el objetivo de impulsar una mejor comprensión sobre la inserción internacional de Uruguay y su potencial a futuro, en el 2020 la ONUDI y la Cepal realizaron un estudio sobre las cadenas globales de valor en las que participa la economía uruguaya. Esta iniciativa plantea la aplicación del enfoque analítico de cadenas globales de valor del paquete EQuIP de ONUDI para analizar tres cadenas específicas: biotecnológico-farmacéutico, plásticos, y forestal-madera, haciendo foco en entender cómo está integrado Uruguay en estas cadenas de valor, cuál es la gobernanza y quién las controla, y a partir de eso identificar posibilidades de mejora de la posición de Uruguay en las mismas.

Trabajo decente y seguridad social

 En 2020 Naciones Unidas buscó a través de distintas iniciativas consolidar los resultados que fue alcanzando durante el ciclo 2016-2020 en el aseguramiento del trabajo decente y el fortalecimiento del sistema de seguridad social. Como fue indicado en secciones anteriores, una de las causas que explican la capacidad que tuvo el país de amortiguar o contener los impactos sociales de la crisis económica desatada por la pandemia de COVID-19 fue la fortaleza de su sistema de seguridad social y protección laboral. En tal sentido, durante 2020 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y los actores sociales recibieron asistencia y apoyo de la OIT para disponer de un sistema de información para el empleo, que incluye información sobre la oferta y la demanda laboral para la consulta de los usuarios y para facilitar la toma de decisiones. Asimismo, en 2020 OIT realizó un primer estudio sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral de Uruguay, con el objetivo de identificar las barreras que operan en el mundo de trabajo. OIT, ONU Mujeres y el PNUD están elaborando una sistematización de los avances en políticas de cuidados y ACNUR, OIM, OIT, ONUDI y el PNUD están estudiando los aportes económicos y las oportunidades de inserción de la población migrante y refugiada en Uruguay. Como se puede apreciar, las iniciativas de gestión de conocimiento y producción de información impulsadas buscan analizar las inequidades que operan en el mercado de trabajo (entre otras, las basadas en género) y las barreras que afectan la participación laboral de los grupos de población más vulnerables (personas con discapacidad, migrantes y refugiados). 

 

 Por último, tras la asunción del nuevo gobierno y su anuncio de impulsar una reforma del sistema de seguridad social, para lo que fue convocado desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un grupo de expertos de alto nivel representativos de todos actores políticos y sociales relevantes, Naciones Unidas a través del UNFPA, OIT y el PNUD brindó insumos de conocimiento e información que puedan ayudar a la toma de decisiones y la formulación de esta reforma.

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II. Desarrollo social inclusivo e igualitario

Políticas para superar las vulnerabilidades y promover la inclusión social de los grupos más desfavorecidos (en particular, infancia, juventud, población afrodescendiente, personas con discapacidad y población trans)

 Uno de los focos principales del Marco de Cooperación 2016-2020 fue la atención a los grupos de población más vulnerables y su inclusión social, anticipando uno de los principios guías y prioridades del nuevo Marco de Cooperación 2021-2025: no dejar a nadie atrás. En 2020 se alcanzaron resultados significativos con relación a la inclusión social y protección de los derechos de las personas con discapacidad, nuevos migrantes, personas privadas de libertad, adolescentes y jóvenes, afrodescendientes, personas LGTB y con VIH. Se destaca la presentación de los productos finales del proyecto conjunto “Derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad”, ejecutado por OPS/OMS, UNFPA y ONU Mujeres con asistencia técnica del ACNUDH, y siete instituciones estatales y de la sociedad civil que giran en torno a los sistemas de información, el acceso a la salud y la violencia de género contra personas con  discapacidad . Así como la realización por parte del UNFPA, junto al Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, del estudio “Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes con discapacidad en la perspectiva de sus familias”, a través de una encuesta a familias, con el fin de generar insumos para el diseño de instrumentos de política en su  apoyo .

También durante 2020, se fortalecieron las capacidades de los grupos de adolescentes y jóvenes con discapacidad reunidos en la red META (Movimiento Estamos Todos en Acción), a través de actividades de formación lideradas por el UNFPA, haciendo foco en la igualdad de género, la prevención de la violencia de género, y los derechos sexuales y reproductivos.

 Respondiendo al aumento sostenido durante los últimos años de la población migrante y refugiada que arriba a Uruguay en condiciones de vulnerabilidad, y en el contexto de la crisis socioeconómica desatada por el COVID-19, Naciones Unidas con el liderazgo de la OIM y el ACNUR, y con el apoyo de varias otras agencias, desplegó acciones para proteger los derechos de los migrantes y refugiados y facilitar su inclusión social (el acceso a la residencia, la vivienda, el empleo y los servicios educativos y de salud). En particular, se brindó información a 1,282 personas para el proceso de determinación de la condición de refugiado, brindando en muchos casos apoyos directos para garantizar la subsistencia, el alojamiento, la alimentación, el transporte, el acceso a servicios de salud, la documentación, la asistencia educativa y la capacitación laboral. Asimismo, se brindó capital semilla a 229 familias vulnerables (605 personas) y se dio apoyo a más de cuatrocientas personas en los departamentos de frontera con Argentina y Brasil. En la ciudad de Chuy, en la frontera con Brasil, ACNUR apoyó la identificación de personas con necesidades de protección internacional, dio información para regularizar su situación migratoria y detectar vulneraciones de derechos (víctimas de trata y tráfico), así como para facilitar su acceso a los servicios sociales (311 personas) y al mercado laboral (777 personas en Montevideo). 

Con relación a las personas privadas de libertad, Naciones Unidas brindó apoyo y asistencia en 2020 al Ministerio del Interior y a los centros carcelarios para mejorar las condiciones de reclusión, promover la formación y rehabilitación de los reclusos y desarrollar las capacidades del personal y los técnicos de estas instituciones. En este marco, con la llegada de la pandemia, y en articulación con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, el PNUD instaló lavamanos y donó equipos para producir tapabocas en centros penitenciarios. ONU Mujeres y el UNFPA aportaron 650 kits de protección e higiene para mujeres privadas de libertad, respondiendo a la solicitud emanada de la Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad integrada por organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. ACNUDH, en coordinación con el Ministerio del Interior, y el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Oficina del CPP, inició en 2020 la implementación de un proyecto de capacitación de operadores penitenciarios y trabajo con personas privadas de libertad (Unidad 4 del COMCAR -módulos 10 y 11- y Unidad 7 de la Cárcel de Canelones). El proyecto se estructura en dos grandes áreas: a) la capacitación de personal penitenciario, funcionarios policiales y operadores vinculados a la gestión educativa penitenciaria; y b) la capacitación educativo-laboral de los reclusos mediante la instalación de tres invernáculos, así como a través de talleres sobre derechos humanos, y mediación en la resolución de conflictos, relacionamiento y conducta.

En el 2020 el UNFPA contribuyó a fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que abogan por los derechos de adolescentes y jóvenes afrodescendientes. Junto a la organización Colectiva Mujeres, el Centro de Formación para la Integración Regional, Media Red y el Instituto Afrodescendiente para el Estudio y la Investigación y el Desarrollo, el UNFPA implementó el proyecto “Zoom a tu Voz” para promover la participación juvenil en las discusiones sobre sus derechos organizando encuentros virtuales con adolescentes y jóvenes de cinco de los diecinueve departamentos del país: Montevideo y Canelones (en los que reside más del 55% de la población del país) y tres departamentos de la frontera norte con Brasil (Artigas, Rivera y Cerro Largo). El proyecto permitió recabar la opinión y las visiones de los jóvenes en torno al ejercicio de sus derechos (en particular, sus derechos sexuales y reproductivos) y la violencia basada en género, así como el racismo y  discriminación . También en 2020 el trabajo del UNFPA y ONUSIDA contribuyó a fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para apoyar la respuesta nacional al VIH (en particular, la Asociación de Ayuda al Sero Positivo y la Red de Jóvenes Alentando a la Vida). En particular, se destaca la producción y difusión de la campaña de información sobre educación sexual y VIH a través de redes sociales y las 24 policlínicas barriales de la Intendencia de  Montevideo

Fortalecimiento de las políticas para el desarrollo de las capacidades de las personas (primera infancia, salud, educación, empleo, cultura, y capacitación laboral)

El apoyo a las políticas, programas y servicios orientados a desarrollar capacidades en las personas, garantizar su bienestar y asegurar la protección social (asistencia y protección, educación, salud y seguridad social) ha sido una de las prioridades del Marco de Cooperación 2016-2020. La llegada al país de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020 determinó que los esfuerzos de Naciones Unidas se concentraran en apoyar la respuesta nacional frente a esta

emergencia, tanto las medidas sanitarias (testeo y seguimiento de contagios, tratamiento de los casos positivos, diseño y puesta en marcha del plan de vacunación, etc.) como las que se adoptaron para mitigar los impactos socioeconómicos que generó la crisis desatada por la pandemia (seguro de desempleo, ampliación de las transferencias monetarias, etc.) y para garantizar la continuidad de los servicios educativos. En ese marco, Naciones Unidas acompañó la respuesta nacional a la pandemia a través de acciones de cooperación que formaron parte del Plan de Respuesta Socio Económico de Naciones Unidas.  Sin descuidar esa prioridad, en 2020 Naciones Unidas siguió desarrollando líneas de cooperación para contribuir a desarrollo social inclusivo e igualitario, que en nuestro Marco de Cooperación refiere a las políticas y programas sociales sectoriales. En 2020 Naciones Unidas siguió impulsando acciones frente a dos tópicos clave, en los que intervienen políticas de alimentación y de salud: la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (uno de los principales retos en Uruguay, dado el perfil de su población); y el acceso efectivo de toda la población a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. En este marco, se destacan las acciones de generación de conocimiento, asesoría y asistencia técnica a tomadores de decisión en el diseño de políticas, y de sensibilización a la población en general, para ayudar al país a reducir el consumo de alimentos que se asocian a la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. En particular, se destaca el trabajo conjunto entre OPS/OMS, FAO y UNICEF para apoyar la implementación de normativa sobre el rotulado frontal de alimentos. Específicamente, se brindó apoyo a varios niveles en torno a la aplicación del Decreto N°272/018 vinculado al rotulado frontal de productos con contenido de azúcares, grasas, grasas saturadas o sodio que superan los límites establecidos en base a las recomendaciones realizadas por la OPS.

​Con relación al acceso de las/os adolescentes y jóvenes a programas y servicios de salud sexual y reproductiva, Naciones Unidas siguió brindando apoyo a través del UNFPA para la adquisición de insumos anticonceptivos, así como para a consolidación de equipos y redes de profesionales de la salud con capacidades para el abordaje de la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos y con foco en las poblaciones más vulnerables. El UNFPA fortaleció las capacidades de las organizaciones sociales para desarrollar estrategias de incidencia política en el campo de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, con el “Curso de Formación de Juventudes Promotoras en Salud Sexual y Reproductiva” y el ciclo “Hablemos de #SexualidadSinFakes”. También se impulsaron acciones de gestión de conocimiento a través de una nueva Encuesta Nacional de Comportamientos Sexuales y Salud, al tiempo que fueron finalizados y presentados productos de conocimiento elaborados en cooperación con centros académicos: “Toma de decisiones y comportamientos sexuales en adolescentes ”;  “Sexualidad de adolescentes uruguayos/as en entornos digitales”; “Derecho a la maternidad y a la crianza de las mujeres con discapacidad”; “Salud Sexual y VIH de varones que tienen sexo con varones” (Universidad de la República/ONUSIDA/UNFPA).

Fortalecimiento de políticas para promover el desarrollo local, reducir la segregación residencial y cerrar las brechas territoriales

 Con relación a los objetivos definidos en el Marco de Cooperación 2016-2020 sobre desarrollo de capacidades a nivel local, reducción de disparidades en el acceso a los servicios entre regiones (en particular, las brechas entre localidades urbanas y áreas rurales) y combate a la segregación residencial (en Montevideo y algunas ciudades del interior del país), Naciones Unidas siguió acompañando en 2020, a través del trabajo territorial de PNUD, las políticas y programas del gobierno para mejorar las condiciones habitacionales de los grupos de población más vulnerables: el Programa de Mejoramiento de Barrios. También en 2020, a través de UNOPS, Naciones Unidas proveyó apoyo al sector público a nivel nacional y subnacional (ASSE e Intendencia de Montevideo) para la implementación de proyectos de infraestructura de salud e infraestructura vial, contribuyendo con asesoría técnica, supervisión, generando capacidades, mejorando la eficiencia del gasto público y la calidad de las obras. El apoyo que UNOPS brindó en proyectos de infraestructura para el desarrollo contribuyó a mejorar el bienestar y el acceso a servicios de grupos de población en situación de vulnerabilidad social; las obras de infraestructura realizadas con el apoyo de UNOPS se desarrollan en zonas alejadas del centro de la ciudad de Montevideo (en los barrios con altos índices de pobreza y necesidades básicas insatisfechas), permitiendo a la población residente en esas áreas acceder a servicios básicos (iluminación, saneamiento, veredas, etc.).

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III. Desarrollo democrático basado en la calidad institucional, la descentralización y los derechos

Fortalecimiento de las capacidades del Estado en la generación y gestión de información y datos, planificación estratégica, y monitoreo y evaluación de políticas

El fortalecimiento de las capacidades técnicas de las instituciones del Estado para planificar, monitorear y evaluar, con el objetivo de maximizar la efectividad y eficiencia de las políticas, fue una de las prioridades del Marco de Cooperación 2016-2020 y, en particular, del apoyo brindado por Naciones Unidas durante el año 2020 tras la llegada al país de la pandemia de COVID-19. El PNUD, en el marco de una alianza con la Oficina Nacional de Servicio Civil, brindó insumos técnicos para el diseño e implementación de un nuevo esquema de carrera funcionarial en la administración pública: análisis comparativo de las reformas administrativas y sistematización de experiencias en procesos de reforma del servicio civil. Asimismo, brindó asistencia técnica para la creación en 2020 del nuevo Ministerio de Ambiente. Otro ejemplo de cooperación de Naciones Unidas para fortalecer las capacidades de las instituciones del Estado en áreas clave para el desarrollo y la protección de derechos, es el trabajo que han realizado ACNUR, OIM y UNICEF, con las agencias responsables por la gestión de las migraciones. En este sentido, se destaca el fortalecimiento de las capacidades de la Comisión de Refugiados (CORE), desarrollado a través de ACNUR, para asegurar el involucramiento efectivo de esta comisión en la planificación, promoción y coordinación de políticas en materia de refugio, así como para reforzar su rol, ampliando el enfoque de su mandato y asumiendo el liderazgo en la búsqueda de soluciones en materia de integración. Se destaca igualmente la cooperación brindada por OIM en el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios de fronteras y consulados uruguayos en materia de migración, trata y contrabando, a través de capacitaciones. En lo que respecta a gestión del conocimiento, durante 2020, OIM contribuyó a la conformación del Observatorio de Movilidad, Infancia y Familia (OMIF) desarrollado con UNICEF y el Programa de Población de la Universidad de la República. La Plataforma Nacional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela en Uruguay, co-liderada por OIM y ACNUR, desarrolló análisis multisectoriales para la coordinación de respuestas a las necesidades de la población refugiada, migrante y sus comunidades de acogida.

 

 Con relación al fortalecimiento de las capacidades del Estado para generar y gestionar información y datos, en 2020 Naciones Unidas, a través del UNFPA, puso en marcha el proceso de asistencia técnica y apoyo para la realización del próximo Censo de Población y Vivienda en 2023. UNFPA brindó asistencia técnica para la elaboración del presupuesto censal aprobado por el Parlamento Nacional en octubre y se integró el equipo técnico comandado por el Instituto Nacional de Estadística, encargado de formular el documento de proyecto censal. Asimismo, el trabajo del UNFPA, en cooperación con las agencias implementadoras del proyecto conjunto sobre derechos de las personas con discapacidad ha logrado generar un consenso interinstitucional para la elaboración de un baremo único de valoración de la discapacidad en Uruguay. Este acuerdo permitirá diseñar políticas, programas y servicios maximizando la coherencia de las intervenciones.

El apoyo a los diferentes ejes del nuevo Plan Estratégico del Instituto Nacional de Estadísticas ha sido una prioridad para Naciones Unidas. A través del UNFPA, la Cepal, OIT y el PNUD se está contribuyendo con: el uso intensivo de tecnología para mejorar procesos y para cumplir con las demandas de información; la actualización de metodologías; la mejora de los productos estadísticos del INE; el aprovechamiento estadístico de registros administrativos; y la capacitación de sus funcionarios. Como parte de este trabajo, se vienen desarrollando un número importante de cambios de base de diferentes índices, la actualización y revisión de la Encuesta Continua de Hogares y la nueva línea de pobreza. Entre los proyectos más destacados en materia de cambios de base se encuentran los referidos al Índice de Precios al Consumidor y el Índice Medio de Salarios, ambos clave para el análisis económico, la formulación de políticas públicas y el nivel de ingresos de la población. Otra iniciativa a destacar es el impulso de Naciones Unidas al uso de registros administrativos con fines estadísticos, permitiendo reducir costos en la producción de información estadística oficial, mejorando la oportunidad en la entrega de los resultados y la generación de indicadores más desagregados. En coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la OIT viene apoyando al INE en estadísticas laborales. Desde el comienzo del COVID-19, OIT ha apoyado en la operativa de la Encuesta Continua de Hogares y en particular, el cambio en la modalidad de trabajo, dada la dificultad de hacer una encuesta presencial. OIT acompañó también la aplicación de las recomendaciones de su Nota Técnica sobre el “Contenido esencial de la encuesta de fuerza de trabajo y el tratamiento de grupos especiales” y proveyó asistencia técnica para esclarecer y discutir el tratamiento de grupos especialmente afectados como es el caso por ejemplo de los “ocupados ausentes” o la “fuerza de trabajo potencial”, así como la indagación de ciertos aspectos cruciales para la medición del impacto de la pandemia como por ejemplo la incorporación de alternativas en las razones de no búsqueda de trabajo. Todas estas definiciones han sido clave para el diseño de los ajustes que el seguro de paro ha tenido en Uruguay durante la pandemia.

Por último, con relación a la agenda temática sobre acceso a la información, transparencia y ciudadanía digital, Naciones Unidas continuó en 2020 con la realización de un ciclo de diálogos con actores de la academia y de la sociedad civil, impulsado por PNUD en el marco de un acuerdo con el Observatorio sobre Regulación de Medios y Convergencia (OBSERVACOM) para analizar el rol de intermediación que juegan las grandes corporaciones de redes sociales entre los usuarios y los contenidos disponibles en la red. Asimismo, UNESCO impulsó en 2020 junto con Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC) y otras doce instituciones nacionales, la primera Estrategia Nacional de Ciudadanía Digital. En este marco, UNESCO brindó asistencia técnica para la implementación de la Jornada de Ciudadanía Digital “Construyendo ciudadanías críticas y reflexivas” en alianza con la Presidencia de la República, AGESIC y el Plan Ceibal.

Fortalecimiento de las instituciones públicas y los espacios de la sociedad civil destinados a promover y monitorear el cumplimiento de los derechos humanos

En el marco de la formulación del Análisis Común de País, como base para el diseño de nuevo Marco de Cooperación 2021-2025, así como del Plan de apoyo de Naciones Unidas a la Respuesta Socioeconómica nacional (SERP), ACNUDH lideró un proceso de consultadas online, virtuales y presenciales con representantes y líderes de organizaciones de la sociedad civil que permitieron recabar insumos en tiempo real de los impactos de la crisis sanitaria y socioeconómica en el bienestar y el ejercicio de derechos de los grupos de población más vulnerables.

 

En 2020 Naciones Unidas siguió brindando asistencia técnica y apoyo para la adecuación plena de las políticas, programas y prácticas institucionales a los compromisos asumidos por el país en derechos humanos. En particular, se destaca el apoyo brindado por UNICEF para el monitoreo de la situación de los niños y adolescentes que viven en instituciones (INAU) en el contexto de las medidas adoptadas por el Gobierno tras la declaración de la emergencia sanitaria por la llegada del COVID-19. En ese marco, UNICEF ayudó a implementar sistemas de monitoreo remoto de la situación de los niños/adolescentes institucionalizados, del cumplimiento de los protocolos sanitarios en estos centros y del mantenimiento de los vínculos entre los niños/adolescentes y sus familias. Asimismo, se brindó apoyo durante la pandemia mediante la provisión de sets de materiales didácticos para los niños y adolescentes que viven en centros residenciales de cuidado.

Otro de los resultados a destacar que Naciones Unidas alcanzó en 2020 (el año en que se cerró, tras las elecciones subnacionales, el ciclo electoral iniciado en 2019 con las elecciones nacionales) es el proceso de diálogo con los partidos políticos sobre temas clave de la agenda política del país. Este ciclo de diálogos consistió en la organización de conversatorios con representantes de todos los partidos políticos y varias agencias de Naciones Unidas, con el liderazgo de PNUD, sobre mercado de trabajo, ciencia, tecnología e innovación, seguridad ciudadana, y relaciones laborales. Asimismo, PNUD impulsó en 2020 la Plataforma Interpartidaria de Juventudes Políticas para la formación en democracia y comunicación política y UNESCO la organización de actividades en el marco del Pacto Ético contra la desinformación y las noticias falsas, con una amplia participación de representantes de los partidos políticos en el contexto de las elecciones subnacionales.

Ampliación de la participación política de las mujeres y la igualdad entre ambos sexos y reducción de brechas generacionales y étnica-raciales

En 2020 Naciones Unidas, con el liderazgo de ONU Mujeres y el apoyo técnico de la CEPAL, contribuyó a generar evidencia y análisis sobre la persistencia de las brechas de género en el mercado laboral. El informe “Brechas de género en los ingresos laborales en  Uruguay  permite estimar la magnitud de las brechas salariales entre mujeres y varones y, por primera vez, estimar el impacto que genera en las trayectorias laborales de las mujeres la maternidad (el fenómeno de la “penalidad por maternidad”) al comparar las trayectorias laborales y los ingresos de las mujeres trabajadoras que tienen hijos con las que no tienen hijos o postergan la maternidad. Estos análisis han sido destacados por algunos de los principales referentes político, como la Vicepresidenta de la República, y son un insumo de utilidad para el diseño de políticas que ayuden a conciliar la participación de las mujeres en el mercado laboral con la decisión de tener hijos, un tema clave en un país con una tasa de fecundidad muy baja. Otro aporte liderado por ONU Mujeres fue el informe “El aporte económico de las mujeres al PIB en  Uruguay  que permitió cuantificar el aporte que las mujeres realizan en Uruguay con su trabajo remunerado y no remunerado, visibilizando las implicancias que tiene la reducida participación de los hombres en el trabajo no remunerado, así como las normas que imperan en el mercado laboral para que las mujeres puedan aprovechar las oportunidades disponibles y mejorar sus resultados. 

Cambios culturales para combatir la violencia basada en género y generaciones

UNICEF brindó apoyo a las autoridades educativas para crear conciencia sobre el impacto negativo del abuso en los niños. La campaña comunicacional “Trato bien” fue compartida a través de las plataformas digitales del Plan Ceibal y fue acompañada de acciones de formación y capacitación para los profesores y equipos técnicos de los centros educativos para detectar y abordar situaciones violentas. Asimismo, en alianza con el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (CONAPES), UNICEF relanzó en 2020 la campaña “No hay excusas” (lanzada inicialmente en 2013), con el propósito de visualizar, desnaturalizar y condenar la explotación sexual de niños y adolescentes. Un indicador del alcance de esta campaña comunicacional y de su potencial impacto en actitudes, normas, valores y comportamientos de las personas es que tuvo más de 18.000 visitas a través del website y fue vista más de 15 millones de veces, acumulando 63.000 interacciones.

 

En marzo de 2020, el Grupoo Interagencial de Género de Naciones Unidas, junto a la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial presentaron las “Guías Sobre Estereotipos de Género y Estándares Internacionales para el Acceso de las Mujeres a la Justicia”. Las guías son el resultado de una cooperación técnica de ACNUDH que comenzó en 2018 y con su lanzamiento se han convertido en una herramienta de referencia para que los operadores de justicia mejoren el acceso de las mujeres a la justicia. Las guías se han complementado con capacitaciones a más de 100 jueces y fiscales en temas de género, de jurisprudencia internacional que incorpora estándares de derechos humanos en las sentencias y dictámenes y en estándares particulares. Fruto de todo ello, se destaca la adopción de una  resolución interna por parte de la Corte Suprema  que establece que la guía debe utilizarse como un recurso clave para los jueces cuando resuelvan casos relacionados con la violencia contra las mujeres. Con estas guías, Uruguay se ha transformado en un precursor en esta materia en la región, y es invitado a foros nacionales y regionales para presentarlas a modo de cooperación Sur-Sur.