2.4 Alianzas 

y Financiación de la Agenda 2030

El panorama mundial ha cambiado dramáticamente a raíz de la pandemia de COVID-19 y sus impactos finales son todavía desconocidos.En América Latina y el Caribe se habla nuevamente de una década perdida.

En el contexto actual, la agenda de financiamiento para el desarrollo plantea dos retos interrelacionados: A corto plazo, los gobiernos deben expandir el gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria y mitigar los impactos socioeconómicos, sobre todo entre los más vulnerables; A mediano y largo plazo, deben impulsar la promoción del empleo y la reactivación económica, para lo cual la inversión en capital y los desembolsos destinados a la transformación productiva y la ecologización de la economía son fundamentales.
 
Si previo a la pandemia ya sabíamos que las profundas transformaciones que los países tienen que poner en marcha para lograr los ODS iban a requerir un salto cualitativo en acceso a financiación, tecnología y nuevas alianzas, la recesión económica mundial provocada por la pandemia hace esta tarea mucho más difícil. 

En Uruguay, esta agenda tomó ímpetu en el 2020 con el despliegue de varias líneas de trabajo por parte del equipo de Naciones Unidas: 

Ante el reto de acelerar la implementación de la Agenda 2030 de cara a la Década de Acción que empezamos en el 2021, los equipos de Naciones Unidas en todo el mundo recibimos el mandato del Secretario General de apoyar los esfuerzos de financiación de los ODS en los países donde servimos

 Se promovió la participación de Uruguay en la conversación mundial sobre financiación para el desarrollo – una conversación sobre cómo expandir la liquidez en la economía mundial, resolver el problema del endeudamiento de los países en desarrollo, prevenir flujos ilícitos, movilizar al sector privado y, en definitiva, sobre cómo favorecer una recuperación económica sostenible e inclusiva, basada en la cooperación internacional.

 Se dieron los primeros pasos para el establecimiento de un Marco de Financiamiento Nacional Integrado y de un ecosistema de financiación para el desarrollo donde confluyan el gobierno, los reguladores, los organismos multilaterales, las instituciones financieras internacionales, la sociedad civil, la academia, las empresas, los inversores, y las entidades del mercado financiero. 

 

 El marco es importante para identificar la gama completa de fuentes de financiación, costear necesidades y desarrollar una estrategia que permita al país acceder a la financiación de largo plazo que necesita para transformarse. 

 

 El ecosistema es el espacio de interacción y trabajo conjunto de todas las partes, para conocer las mejores prácticas internacionales de financiación de los ODS, definir estándares de medición de impacto, diseñar y estructurar nuevos instrumentos financieros, dialogar sobre la visión de desarrollo nacional, capacitarse, identificar liderazgos, y proponer ajustes al marco regulatorio nacional.

 

 Bajo el liderazgo de ONUDI se diseñó y movilizó el capital inicial para un vehículo financiero (REIF) que va a acompañar la puesta en marcha de la segunda transición energética en Uruguay –y a través de ella la descarbonización de los sectores industriales y de transporte. Una de las intenciones detrás de este esfuerzo es generar capacidades locales para el diseño de nuevos instrumentos financieros, como forma alternativa, creativa y catalizadora de entender las necesidades de financiamiento en Uruguay. En este sentido, las agencias están en la fase de identificación de prototipos de instrumentos financieros para temáticas de desarrollo identificadas por el gobierno: telemedicina, formación dual y vivienda, entre otras.

 

 El PNUD y la Oficina de la Coordinadora Residente encargaron un estudio sobre las oportunidades y retos de la inversión de impacto en Uruguay que ya fue presentado públicamente y da mucha información sobre los aspectos que deberán trabajar los actores del ecosistema de financiamiento. Con la implementación del Investor Map del PNUD se dará continuidad al trabajo de este estudio con la identificación de oportunidades de inversión de impacto concretas en temáticas relevantes para el desarrollo de Uruguay.

 

 Las agencias de Naciones Unidas se han comprometido a usar en Uruguay sus herramientas corporativas para esta agenda, y en el caso del PNUD ya se está usando el SDG Compass para que las empresas identifiquen, midan y gestionen sus contribuciones a los ODS y va a hacer lo propio con los instrumentos ofrecidos por el SDG Impact para la definición de estándares ODS para bonos, empresas y fondos de private equity.

 

 Se preparó un calendario de capacitaciones para un público debidamente segmentado con el fin de poner la temática de la financiación para el desarrollo en conocimiento de los distintos sectores del ecosistema. La Oficina de la Coordinadora Residente ha cerrado acuerdos con cinco universidades para la realización de un curso sobre la Agenda 2030 basado en el SDG Primer, que incluye una sesión específica sobre financiación.

 

 Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo están apoyando al gobierno, al Banco Central y a los actores del sector financiero de Uruguay con la puesta en marcha de una hoja de ruta de finanzas sostenibles que permita preparar el terreno, por ejemplo, para la emisión de deuda soberana alineada con los ODS.

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El sector privado: una alianza en alza

El trabajo de Naciones Unidas con el sector privado en Uruguay viene estrechándose en los últimos cuatro años. La Oficina de la Coordinadora Residente de la mano de las agencias, han establecido lazos con varios grupos de interés empresarial (Sistema B, DERES, ACDE), con las empresas públicas, así como con las cámaras y gremios. En el 2020 Naciones Unidas, en colectivo o a través de sus agencias, formalizó la colaboración con la Cámara de Industrias del Uruguay, la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, la Unión de Exportadores, la Cámara de Comercio y Servicios, la Asociación Empresarial Liderada por Mujeres y las cámaras de comercio bilaterales europeas como la francesa, suiza y alemana.

A través del programa conjunto entre ONU Mujeres y OIT “Ganar-Ganar: la igualdad de género es un buen negocio” se avanzó en el cambio de las estructuras subyacentes que respaldan las diferencias entre hombres y mujeres en el mundo empresarial. A lo largo del 2020, se trabajó para incrementar las oportunidades de las mujeres emprendedoras y empresarias a través de instancias de capacitación directa (en línea); se dio apoyo estratégico al movimiento cooperativo para el empoderamiento de las mujeres en este sector; se habilitó la participación de mujeres uruguayas en mesas de negocios y plataformas birregionales entre Europa y América Latina; y se contribuyó con la promoción, expansión e internacionalización de empresas lideradas por mujeres en alianza estratégica con la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay. El desarrollo de diversos estudios y productos de conocimiento nos permitió aportar evidencias para sustentar políticas públicas a fin de generar mejores oportunidades para las empresas lideradas por mujeres en Uruguay. 


Durante 2020, las más de 125 empresas que han firmado los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEP por sus siglas en inglés) de Uruguay demostraron un creciente entendimiento y compromiso para implementar una gestión corporativa con perspectiva de género. En alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo y Pricewaterhouse Coopers, se entrega anualmente el premio “El talento no tiene género”. El Programa Ganar-Ganar se ha posicionado como un espacio clave en el sector privado nacional, siendo un referente para empresas y líderes que quieren incluir la perspectiva de género en su gestión. 


A finales del 2020 la Oficina de la Coordinadora Residente encargó la preparación de un plan de negocio para el restablecimiento de la red local del Pacto Mundial (Global Compact) en Uruguay. Con el lanzamiento de la red local, el Pacto Mundial se volverá una entidad clave del ecosistema nacional de financiación y fungirá como ventanilla única para el trabajo de las agencias de Naciones Unidas y las empresas interesadas en la sostenibilidad.

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El Joint SDG Fund: un aliado clave de Uruguay en la agenda de financiación de los ODS

El trabajo que realizamos en el 2020 en pos de la financiación de los ODS en Uruguay ha recibido el valiosísimo apoyo del Joint SDG Fund, un fondo Naciones Unidas que nos permite poner en marcha el cambio que llamamos from funding to financing, según el cual la ayuda oficial al desarrollo es llamada a jugar un rol mucho más estratégico en el apalancamiento de inversiones transformadoras hacia el logro de la Agenda 2030. 
 
En Uruguay el apoyo del fondo se ha vuelto clave en el fortalecimiento de nuestra alianza con el sector privado y se ha organizado alrededor de dos programas conjuntos altamente complementarios: 

 Un programa liderado por el PNUD, con la participación de ONU Mujeres, Unicef, OPS/OMS y la OIM llamado Rehaping market conditions and strategy to finance the transition to sustainable development in Uruguay. Este programa conjunto, bajo el liderazgo nacional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, busca establecer el Marco de Financiamiento Nacional Integrado y un ecosistema de financiación para los ODS, generando las alianzas, capacidades, marco normativo, métricas y vehículos financieros.  
 

 Un programa liderado por ONUDI, con la participación del PNUD y de ONU Mujeres, desde el cual se operacionaliza el Renewable Energy Fund (REIF): Innovative Finance for Clean Techn Solutions in Uruguay. Con la aprobación de este financiamiento, Uruguay está entre los 4 países en el mundo y único en América Latina y el Caribe que recibe el apoyo del Joint SDG Fund para acelerar el logro de los ODS a través de un vehículo financiero concreto.

En Naciones Unidas hemos entendido que Uruguay necesita una ONU distinta: una ONU que acompañe transformaciones hacia los ODS; incluida la transformación de los mercados e instrumentos financieros. 

Uruguay, un país que logró mantener su grado inversor y cuya reputación internacional ha salido fortalecida durante la pandemia, tiene la oportunidad de volverse un destino preferencial para los ‘inversores de impacto’ del mundo, aquellos que buscan combinar retornos económicos con impactos positivos en el medio ambiente y la sociedad en general. Pero para ello hay que instalar en el país una pista de aterrizaje para este capital: los instrumentos financieros, las regulaciones y las métricas que permitan evidenciar y retribuir estos impactos positivos

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Un uso más estratégico de la cooperación no reembolsable, que continúa llegando al país de la mano de Naciones Unidas

En un momento de recesión mundial como el actual, con espacios fiscales nacionales en contracción, los sistemas tradicionales de apoyo multilateral como la ayuda oficial al desarrollo, van a verse sin duda afectados. Para Uruguay, que dejó de ser elegible para recibir recursos financieros y técnicos no reembolsables en enero del 2018, esta disminución no es reciente, sino que se viene dando desde la década de los 90.

 

Es importante destacar, igualmente, que esta caída es sobre todo fruto del descenso de la cooperación bilateral, pues la cooperación que se canaliza a través de Naciones Unidas se mantiene relativamente estable desde el 2007.

El trabajo de Naciones Unidas en Uruguay se financia con recursos propios, recursos de terceros y recursos del gobierno (ver sección 2.7). Cuando vemos los presupuestos de los cuatro últimos Marcos de Cooperación entre Naciones Unidas y Uruguay, desde el 2007 hasta la actualidad, queda claro que Naciones Unidas ha jugado un rol fundamental en la llegada de recursos financieros y técnicos no reembolsables a Uruguay, y continúa haciéndolo incluso después de su ‘graduación’.

En el ciclo 2007-2010, las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas aportaron US$ 6.6 millones en recursos propios. En el ciclo 2016-2020 esta cifra ascendió a US$ 17.5 millones, un aumento de casi un 200%.

Desde el 2007 hasta la fecha, Naciones Unidas viene canalizando un promedio de US$ 10 millones anuales en recursos de terceros (de donantes, del sector privado, de fondos verticales globales o de fondos conjuntos de Naciones Unidas). En términos agregados estamos hablando de US$ 140 millones en cooperación no reembolsable.

Evolución de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) neta recibida por Uruguay, INB per cápita y categoría en la clasificación por ingresos del Banco Mundial entre 1987 y 2019 (de 1987 a 2011 “país de ingresos MEDIO-ALTO” y desde 2012 “país de ingresos ALTOS”)

Fuente: OCR en base a datos del WB/OCDE.

Dicho lo anterior, por ser el canal principal de cooperación no reembolsable en Uruguay, por lo difícil que va a ser a futuro sostener estos niveles de financiamiento en un contexto de recesión económica, y por la creciente importancia que van a tomar otras formas de cooperación internacional en un país de renta alta como Uruguay,  tenemos la responsabilidad de hacer rendir al máximo los recursos de cooperación, usándolos para orientar otras inversiones, tanto privadas como públicas, hacia el logro de los ODS.

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SABÍAS QUÉ:

En el ciclo 2016-2020 durante el cual se dio la ‘graduación’ de Uruguay, Naciones Unidas facilitó la llegada de más de 
US$ 68 millones en cooperación no reembolsable al país (recursos propios y de terceros).

Evolución de los recursos financieros recibidos por Uruguay a través de la AOD y de Naciones Unidas  (no reembolsables) durante los últimos tres Marcos de Cooperación: 2007-2010, 2011-2015 y 2016-2020 (en millones de US$ a precios corrientes)
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SABÍAS QUÉ:

Naciones Unidas en Uruguay, además de implementar programas y asistencia técnica en las áreas prioritarias del Marco de Cooperación, también apoya acciones para que el país pueda ser un buen destino para la inversión de impacto, para que las empresas orienten sus productos y servicios a los ODS, y para que los consumidores elijan responsablemente.